El agobio del pueblo al que no se garantiza los mínimos de seguridad, y de la impotencia de autoridades que tienen flancos abiertos.

Durante las últimas semanas, en distintas regiones del país, la violencia no ha dado tregua. Tamaulipas ha visto prolongadísimos combates en la disputa por el control de plazas entre cárteles de la droga. En los primeros días de la semana que concluye, el penal de Reynosa se convirtió en zona de guerra ante la impotencia de las autoridades para controlar la situación; en Veracruz, desde enero hasta abril pasado, se habían dado 620 ejecuciones violentas; en Guerrero, todos los días se reportan asesinatos sin control; Oaxaca padece las mismas circunstancias cuando grupos criminales realizan actos de terror contra la población indefensa. A esto se suman amenazas y amedrentamientos a los ciudadanos, quienes deben sobrevivir en incertidumbre absoluta y estado de indefensión evidente. 

 

Estos ejemplos son un recuento del agobio del pueblo al que no se garantiza los mínimos de seguridad, y de la impotencia de autoridades que tienen flancos abiertos, por un lado, de falta de respuesta contra el alto impacto de fuego de la delincuencia y, por el otro, del poder de la corrupción que carcome a los tres niveles de gobierno, en lo que se ha llamado la narcopolítica, relaciones de conveniencia entre delincuencia e instituciones para controlar y dominar a través de la violencia inhumana, acentuada por la corrupción política. 

 

La ausencia de autoridad que apacigüe al crimen, provoca que actores con autoridad moral salgan a dar la cara para acordar, por lo menos, algunas cláusulas de paz y seguridad para ciertos sectores que, en el pasado, gozaban de respeto. El 28 de mayo pasado, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Mons. Salvador Rangel Mendoza, no ocultó el acercamiento que sostuvo con miembros de la delincuencia para acordar lo que las autoridades ya no garantizan: seguridad. Y el clero de la región, así como de otras partes del país, no se salva de este horror que ni siquiera se vio en la era del comunismo o en las persecuciones religiosas, por el nivel descarnado e inmisericorde que la delincuencia hace de la violencia si no hay respuesta a sus demandas y amenazas. 

 

Muchos sacerdotes, en comunidades apartadas del país, son blanco fácil y viven bajo la gran presión del crimen organizado que les impide realizar su misión evangelizadora, prohibiéndoles incluso pronunciar la palabra “narcotráfico” o hacer algún cuestionamiento que ponga de manifiesto su inmoral actuación, pues lo pagan con la vida; en este contexto, la cuota por derecho de piso para realizar sus actividades parroquiales, resulta lo de menos.

 

Mons. Rangel Mendoza dijo que habría entrado en pláticas con los delincuentes, provocando la molestia de autoridades que han enarbolado el discurso triunfalista de “que todo va bien, de que no hay problemas ni dificultades, en el fondo lo que busca ocultar es la verdad”.

 

Nuevamente se advierte cómo el país se desangra mientras, en las altas esferas de la burocracia, se presumen los mejores índices macroeconómicos. La realidad es que México vive la pobreza y miseria que son campo fértil para la delincuencia y la corrupción. La intervención del clero para detener estas condiciones es reacción ante el vacío de poder institucional, aunque en esto vaya la vida misma de quienes hacen las tareas que a otros correspondería. 

 

Mons. Rangel Mendoza advierte que “si nos arrinconamos en una esquina y no vemos a la otra persona, no habrá una solución”; sin embargo, mientras se consumen fuerzas y recursos en campañas políticas y el sostenimiento de partidos, la violencia hace metástasis en las zonas más deprimidas y pobres. Eso pone en grave peligro nuestra viabilidad en el futuro.

Fuente: Siame.

Somos ciudadanos que amamos México y que buscamos que tú te hagas sentir.

Populares

Lo más Reciente