Lo que evidencia el estudio es preocupante, pues revela que en México vivimos una situación de desastre.

Recientemente la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) publicó un novedoso estudio titulado “Los desaparecidos nos faltan a todos”, en el que además de dar a conocer algunas de las acciones que realiza la Iglesia en México para llevar a cabo una pastoral cercana a las familias que sufren la muerte de un ser querido a causa de la violencia, hace un diagnóstico contundente de las desapariciones forzadas en el país. 


“Ahora sabemos –dicen los obispos– que hay personas desaparecidas en casi todos los lugares y a todos los niveles. Se han registrado casos públicos de desaparición de niños, mujeres, hombres que van desde hijos de empresarios, profesionistas, migrantes, campesinos, deportistas, sacerdotes, policías, militares y funcionarios públicos”.

El estudio de la CEM inicia señalando que las noticias de los hallazgos de fosas clandestinas y de desaparecidos deben increpar a los ciudadanos, especialmente a los católicos, acerca de los valores que se deben ponderar y de la urgente necesidad de un despertar hacia Dios, “porque la violencia ha alcanzado a nuestras familias, y el pueblo de México no debe acostumbrarse, ni ser indiferente ante esta cruda realidad”.

Lo que evidencia el estudio es preocupante, pues revela que en México vivimos una situación de desastre. Y no hay que ir muy lejos, basta citar la reciente edición de “Encuestas sobre Conflictos Armados 2017”, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos  de Londres (IISS por sus siglas en inglés), en el que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en incidencia de homicidios violentos, sólo por debajo de Siria y por encima de Irak, ambos países en conflicto armado. Según el IISS, en el año 2016, hubo 26 mil decesos ligados a circunstancias de hiperviolencia, como si el país afrontara un estado de guerra. De 2015 a 2016, los homicidios dolosos se incrementaron en un 22.8 por ciento, siendo el primer trimestre de 2017 el más preocupante, debido a la escalada de la violencia: 3 mil 779 decesos denunciados entre febrero y marzo. 

Las consecuencias colaterales ya pueden verse en las víctimas de los delitos, quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos o daños en su integridad física y patrimonio. Pero las víctimas no sólo se refieren a las que han sido perjudicadas directamente, éstas pueden extenderse a otros miembros de la familia. La Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, señala que “son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella”. 

México comenzó a crear generaciones perdidas, producto de una guerra no declarada; miles en calidad de víctimas, cuya situación jurídica está lejos de tener una solución satisfactoria. Si bien es cierto que el Estado mexicano ha procurado la creación de organismos para la atención a víctimas, la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública 2015, evidenció sus fallas: “los problemas en el diseño e implementación de la política no permitieron garantizar una atención integral a las 460 víctimas del delito de trata de personas reconocidas a 2015, ni a las 176 que acudieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en ese año, ya que no se registró la atención oportuna, ni el seguimiento y acompañamiento durante su recuperación; tampoco se otorgó una atención homologada por la falta de implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas…” 

A lo anterior hay que sumar la alta incidencia de desapariciones en el país. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidos, a octubre de 2016 habría cerca de treinta mil desaparecidos. Los Estados de Tamaulipas, México, Jalisco y Sinaloa registran el mayor porcentaje de desaparición de personas. 

Nuestra historia vive un punto de inflexión muy doloroso. A decir del Episcopado Mexicano, víctimas y desaparecidos “son un grave problema que ni la autoridad, ni la Iglesia, ni la sociedad civil pueden ignorar… y esperan un pronunciamiento que los acompañe en su indignación”. Esperan también conocer la verdad y tener la efectiva reparación del daño, cosas que aún no tienen claridad ni consistencia en el Estado mexicano, que parece más bien quebrado ante el miedo y el terror.

Fuente: Siame.

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